Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
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La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación establecido por Decreto Presidencial en 1980. Tiene la misión de efectuar recomendaciones ponderadas en materia de refugio y proponer soluciones que logren la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración definitiva del refugiado a la sociedad mexicana.
Cuando se efectuó espontáneamente el éxodo masivo de centroamericanos, al sur de México, la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores se dedicaron a la elaboración de un decreto que creara un organismo de carácter permanente e intersecretarial denominado: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con el propósito de dar atención a la población refugiada en nuestro país. A la creación de la COMAR se convocó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por considerar que esta debía participar, ya que se trataba de alcanzar la autosuficiencia de los refugiados, sin que por ello desplazara a trabajadores mexicanos:
El decreto de creación de la COMAR estableció como sus objetivos principales establecer convenios de cooperación con los organismos internacionales creados para ayudar a los refugiados, estudiar los problemas y necesidades de la población refugiada, así como proporcionarles asistencia y protección, después de haber obtenido su asilo en el país, buscando soluciones permanentes.
Inicialmente, la COMAR asistió a personas de diferente nacionalidad: chilenos, salvadoreños, bolivianos, uruguayos, argentinos, colombianos, hondureños, nicaragüenses, haitianos, peruanos y guatemaltecos, todos ellos ubicados en centros urbanos.
Posteriormente, en 1982 la COMAR atenderá exclusivamente al éxodo de refugiados guatemaltecos que llegaron a la frontera sur de México. La llegada masiva de los guatemaltecos a suelo chiapaneco significó para el gobierno en turno una encrucijada: regresar a los refugiados y tratar de cerrar la frontera a nuevos arribos, como deseaba el gobierno guatemalteco, o recibirlos. Los partidarios de esta última medida justificaban su propuesta en la tradición mexicana de asilo.
El gobierno de México, a través de la COMAR, conjuntamente con el ACNUR -del cual se volverá la contraparte nacional directa-, reconoció prima facie en 1982 la presencia oficial de 46,000 refugiados guatemaltecos. A partir de este momento asumió un papel preponderante en la protección y asistencia a estas poblaciones desarraigadas. Aunque es importante señalar que la calidad migratoria que les fue concedida para su legal estancia en el país, no fue la de refugiado, por que no existía en la legislación nacional, sino, fue la de visitantes fronterizos temporales (FM3 y FM8).
La COMAR en su práctica diaria estaría vinculada a la Secretaría de Gobernación, lo que provocó que las personas que en un principio trabajaron en la Comisión, concibieran únicamente el tema como un problema de seguridad nacional. Así mismo, esta Secretaría, ni la Comisión, contaban con la capacitación adecuada, ni el personal idóneo para darle solución a un movimiento de tal magnitud. Seguridad nacional, sería el rubro que ocupara en la agenda nacional de México el refugio guatemalteco, así como el sello distintivo e intermitente de la COMAR, en su inicio, llevar una tarea no oficial de inteligencia al servicio de la seguridad nacional, monitoreo y documentación, a fin de evitar que se contaminara de un posible surgimiento del comunismo y una guerrilla en territorio chiapaneco. El objetivo principal de la misión de la UE, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es la elaboración de una estrategia y un programa de intervención global en la región que permita mantener la coherencia de las acciones, un menor seguimiento por parte de la Comisión de los aspectos técnicos, administrativo y financiero de los proyectos y, la utilización optima de los recursos humanos técnicos en la región.
Objetivos específicos. Teniendo en cuenta las orientaciones de esta línea presupuestaria, elaborar para cada uno de los países beneficiarios: México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua un proyecto de intervención a favor de las poblaciones beneficiarias de esta línea.
En este contexto en agosto de 1996, el gobierno Federal anunció una nueva política mexicana para los refugiados políticos guatemaltecos, abriendo la posibilidad para que los refugiados que decidieran radicar definitivamente en México lo pudieran hacer con las facilidades correspondientes, pero también con el respeto absoluto para aquellos que decidieran retornar a Guatemala.
Con ello, México es pionero en la aplicación de políticas para la solución duradera del refugio, al conjugar la repatriación voluntaria y la integración definitiva a la vida nacional, respetando, en todo momento, el principio de “No Devolución” (non refoulement) en el camino andado para desterrar el drama de los refugiados del libre suelo americano.
Para apoyar la iniciativa del la nueva política del gobierno mexicano, en enero de 1997, firmó en presencia de los señores Presidentes de México y de Guatemala, el Convenio Internacional de Financiamiento entre la Comunidad Europea y la República de México, con el objeto de contribuir a la implementación de la nueva política en materia de refugio, mediante el desarrollo del Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva (en adelante PAID).
En enero de 1997, se firmó en presencia de los señores Presidentes de México y de Guatemala, el Convenio de Financiamiento entre la Comunidad Europea y la República de México, con el objeto de contribuir a la implementación de la nueva política en materia de refugio anunciada por el Gobierno Mexicano mediante el desarrollo del presente Proyecto.
El PAID estuvo representado por el Iván Carmona Toloza y por el Ing. Oliver Levy, Codirector Nacional y Codirector Europeo, respectivamente.
Una de las características sobresalientes de este Convenio, es que beneficia además de las familias guatemaltecas a los mexicanos residentes en los pueblos vecinos, cumpliendo con ello, una vieja demanda de las comunidades nacionales cercanas a los asentamientos que siempre habían solicitado beneficiarse también con la ayuda internacional.
El proyecto contempla en una primera intervención una coinversión total de 3.120.000 EURO (+/- 33 millones de pesos) durante una primera fase de dos años, de los cuales 2.600.000 ECU (+/- 27 millones pesos) corresponden a la contribución de la Comisión Europea, y 520.000 ECU (+/- 5.5 millones pesos) son aportados por el Gobierno de México.
