Ley de la memoria histórica de España

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La Ley de extensión de derechos a los afectados por la Guerra Civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica, es una ley de España, aprobada por el Consejo de Ministros el día 28 de julio 2006, en virtud de un compromiso del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Incluye el reconocimiento de las víctimas de la dictadura, la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, hasta entonces financiadas desde entidades privadas (como la Asociación para la recuperación de la memoria histórica) o comunidades autónomas a la espera de subvenciones estatales o la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas.

[editar] Contexto

Desde el Gobierno de España se ha propuesto diversas medidas relativas a la "recuperación de la memoria histórica". Entre estas iniciativas destacan la devolución a Cataluña de los denominados "papeles de Salamanca" (pertenecientes al Archivo General de la Guerra Civil).

[editar] Desarrollo

Poco después de ganar las elecciones, el PSOE puso en marcha un proyecto concebido para compensar a los represaliados por el franquismo, la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil ^[1].

El 22 de junio de 2006 se aprueba en el congreso de los diputados con la única oposición del Partido Popular que el año 2006 sea declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de 2006, el gobierno presentó un proyecto de ley^[2] que ha sido criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana de Catalunya e España, que incluso han presentado proyectos alternativos^[3].

El proceso que derivó en la aprobación del mismo se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial en la que se estudiara la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y buscara su "rehabilitación moral y jurídica". ^[4]

[editar] Críticas

Sin embargo, en la oposición y en los medios de comunicación afines se critica que estas iniciativas abran viejas heridas. Otros medios llegan incluso a afirmar que con estas acciones, Zapatero pretende "ganar la guerra civil que se enterró y superó con la Transición y pretende establecer la legitimidad democrática en 1931, no en 1978" (Luis María Ansón, 4/10/2005).

Los aliados preferentes del gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde, criticaron la tardanza del gobierno en aprobar la ley de recuperación de la memoria histórica prometida en 2004 y retrasada en tres ocasiones, presentando sus propias proposiciones de ley en noviembre de 2005.