Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
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La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo es una asociación formada por víctimas o familiares de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, aunque acepta también la figura del "asociado solidario", que no son víctimas directas del terrorismo. Su actual presidenta es Pilar Manjón, miembro del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
[editar] Historia
La asociación fue constituida en el 2004 por familiares y víctimas de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que no quisieron integrarse en asociaciones ya establecidas y también por víctimas que no estaban satisfechas con el asesoramiento y apoyo recibido hasta el momento. No obstante recogieron un número importante de familiares y víctimas.
La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha recibido las críticas del PP y de sus medios afines, que la acusan de dejarse llevar por deseos de venganza contra Aznar y de obedecer a los dictados del PSOE.
En marzo del 2005 la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo anuncia que va a emprender acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, al no permitir este la personación como acusación particular a un importante número de afectados por el atentado.
En marzo de 2006 denuncian la indiferencia que con ellos está teniendo la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Afirman que otras asociaciones como la AVT o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M sí han recibido subvenciones e incluso se las ha dotado de más y mejores medios mientras que a ellos se les ha ignorado por completo. La Comunidad Autónoma contesta diciendo que la Asociación de Pilar Manjón se ha visto favorecida por el Gobierno Central con más y mejores medios, aún contando con menos afiliados víctimas del terrorismo (independientemente del origen de sus victimarios), incluso beneficiándose del 71,4% de lo recaudado para las víctimas del 11-M, por el Organismo Nacional de Loterías entre sus trabajadores y administraciones asociadas (el resto fue a parar a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior español), mientras que en principio lo recaudado iba a estar destinado a todas las víctimas del 11-M, independientemente de si estaban afiliadas a una asociación o no [1]. Además, también denuncian que no se deja personarse como acusación popular de cara al juicio que se celebra desde febrero de 2007 contra los 29 imputados.
