Corrupción urbanística en España

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Tienes mensajes nuevos (Dif. entre las dos últimas versiones).

Este artículo o sección se refiere a un acontecimiento en desarrollo.
La información suministrada aquí puede cambiar en cualquier momento.

Este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en una
publicación acreditada, como libros de texto u otras publicaciones especializadas en el tema.

Durante la VIII Legislatura de España, saldrían a la luz multitud de casos de presunta corrupción urbanística, a partir de la Operación Malaya^{[cita requerida]}. Los acusados pertenecen a todos los partidos políticos y a toda la geografía peninsular, pero especialmente a las costas del Mediterráneo^{[cita requerida]}.

[editar] Causas

Algunos analistas han señalado que el problema que subyace es la financiación de los ayuntamientos ^[1]. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central. Esta descentralización, que en principio estaba bien planteada en cuanto a que sería más eficaz por la cercanía a los ciudadanos, sin embargo no se ha organizado correctamente en cuanto a la financiación. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa ^[2] de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo ^[3]. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal: esa es la conocida corrupción urbanística^[4].

[editar] Algunos ejemplos

Andalucía

Almuñécar (Granada): Juan Carlos Benavides, del PA, tiene varias causas judiciales abiertas.
Marbella (Málaga): Operación Malaya.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): Agustín Cuevas, ex alcalde del PSOE ha sido condenado a dos años de prisión, diez de inhabilitación y una multa de 360.000 euros.
Tolox (Málaga)

Canarias

El 23 de noviembre de 2006, el alcalde de Telde, del Partido Popular, Francisco Valido, y otros cinco concejales presentaron la renuncia a sus actas y sus cargos tras su imputación en el caso Faycán, sobre el presunto cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de obras públicas. ^[5]
El 23 de enero de 2007 fue detenido el alcalde de Mogán, Francisco González del Partido Popular, y otros cuatro miembros de su equipo de gobierno por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por corrupción.^[6]

Castilla-La Mancha

Seseña: El 14 de julio del 2006, IU presentó una denuncia contra la Junta de Castilla-La Mancha por trato de favor hacia el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero (20 minutos).

Comunidad Valenciana