Plan Hidrológico Nacional
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El Plan Hidrológico Nacional fue aprobado por el Parlamento español en 2005, modificando el Plan del 2001, y sustituyendo el trasvase del Ebro por el proyecto AGUA. El principal proyecto del Plan del 2001 era el trasvase del Ebro, un proyecto llevar agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Barcelona, aprobado por el Parlamento en 2001 a propuesta del gobierno anterior en la legislatura 2000-2004.
El proyecto AGUA del actual gobierno prevee suministrar 300 hm3 al regadío, pero para que los agricultores compren agua desalada, es necesario que su precio esté subvencionado por debajo del coste de bombeo, ya que las autoridades del agua no controlan la sobreexplotación de acuíferos.
[editar] Polémica
El PHN de 2001, como el de 1993, fue muy polémico en España. Sus detractores afirman que:
- Las alternativas de gestión de demanda son más baratas que el trasvase.
- Su impacto ecológico en el Delta del Ebro era grande.
- No se han estudiado lo bastante otras opciones, como plantas desalinizadoras, que podrían ser más baratas, o medidas de ahorro de agua.
- El cambio climático podría reducir todavía más el caudal del río Ebro.
Sus defensores han acusado a los que se oponen al trasvase del Ebro de ser insolidarios, puesto que la alternativa basada sólo en desaladoras, no es viable desde el punto de vista económico y de mantenimiento del nivel de vida, energético (gasto de energía y CO2 emitido), ni ecológico, aunque éstas estaban contempladas de todas maneras en el antiguo PHN, pero sólo de forma complementaria al trasvase.
Las medidas de gestión de demanda en el regadío, como mercados de agua, subir los precios del agua, o impedir la sobreexplotación de acuíferos son muy difíciles de implementar desde el punto de vista técnico, político e institucional. El requisito indispensable de cualquier solución de oferta (desalación o trasvase) o de demanda (limitar extracciones, subir precios, mercados) es resolver previamente el desgobierno de los recursos subterráneos en el levante y sureste peninsular, lo que supone un gran desafío para la administración hidraúlica como muestra el caso de las Tablas de Daimiel. Los esfuerzos de los anteriores presidente y comisario de aguas del Guadiana para cerrar pozos ilegales fueron desautorizados, lo que supone mandar una señal equivocada a los cientos de miles de responsables de perforaciones ilegales. El Plan Especial del Alto Guadiana en elaboración prevee unas inversiones de 4.000 millones de euros para solucionar la sobreexplotación de 220 hm3, lo que no parece muy razonable. Si el Plan se amplia a los 500 hm3 de sobreexplotación en el Júcar, Segura y Sur, quizá sería necesario invertir otros 10.000 millones de euros adicionales.
Además, la presión urbanística está contribuyendo a la degradación de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. El objetivo de protección de los recursos hídricos y los ecosistemas es clave, dada la importancia de las actividades turísticas actuales y potenciales en el sureste peninsular.
Las medidas a tomar deben examinarse con cuidada para no perjudicar a la agricultura del sureste, que es la más dinámica del país, y evitar su destrucción y el abandono de tierras. Así pues, se está dando un envejecimiento progresivo debido a que no hay nuevas generaciones que se quieran hacer cargo de la tierra y, en consecuencia de dicho abandono se está favoreciendo a la desertización de la zona y a la enorme presión y especulación urbanística.
La solución del problema de escasez y degradación de los recursos hídricos en el sureste, requiere la cooperación de los agricultores para conseguir la acción colectiva en la protección de los recursos hídricos. Una carga excesiva sobre los agricultores supondrá el fracaso de cualquier medida.
