Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
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La ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como ley de impunidad o ley de caducidad), es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) (incluyendo las múltiples violaciones a los derechos humanos) quedaran amnistiadas. Fue propuesta por el primer gobierno democrático del Dr. Julio María Sanguinetti con el doble propósito de equilibrar el tratamiento dado a los guerrilleros y a los presos comunes, amnistiándolos, y de calmar la agitación militar ante el creciente número de denuncias referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. La ley fue corredactada por el Partido Nacional opositor y defendida por su máximo líder Wilson Ferreira Aldunate.
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[editar] Origen y consecuencias de la ley de caducidad
Al producirse a comienzos de 1985 el final de la dictadura militar con la asunción de sus cargos por los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo electos por la ciudadanía en las elecciones de noviembre del año anterior, se comenzaron a plantear denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del régimen fenecido. Esto empezó a producir un estado de intranquilidad en el seno de las Fuerzas Armadas, que se oponían a lo que llamaban "revisionismo" de los hechos de la pasada década. El gobierno de Sanguinetti intentó dilatar las citaciones a los militares implicados en los hechos denunciados, habilitando a que la justicia militar (dependiente del Poder Ejecutivo) reivindicara su competencia para entender en éstos, lo que dió lugar a contiendas de competencia entre la justicia militar y la común, las que debieron dirimirse ante la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, el gobierno ganaba tiempo para buscar una salida política a la situación. Sin embargo, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional (y en particular su líder Ferreira Aldunate) se oponían a toda concesión de impunidad a los crímenes cometidos bajo la dictadura. En 1986, la máxima autoridad judicial dictaminó que era competente para actuar en las investigaciones la justicia común. De inmediato, ésta retomó el estudio de los casos y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a los implicados. Ante ello, el comandante del Ejército, general Hugo Medina, declaró que las mismas estaban en un cajón de su despacho y no saldrían de allí, con lo que se colocaba claramente en una posición de desacato a las decisiones del Poder Judicial.
Las negociaciones entre el gobierno y los partidos de la oposición se intensificaron ante la inminencia de la llegada de las fechas en que los militares debían concurrir a declarar ante la Justicia. Las primeras comparecencias estaban fijadas para el lunes 22 de diciembre de 1986. El sector mayoritario del Partido Nacional, Por la Patria, que lideraba Ferreira Aldunate, varió entonces su posición, y sostuvo que la impunidad para estos delitos había quedado pactada implícitamente en el Pacto del Club Naval, que permitió en 1984 el llamado a elecciones, y en el que participaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Afirmando que el Frente Amplio (que negaba haber contraído expresa o implícitamente ese compromiso) ahora desconocía el acuerdo alcanzado, el wilsonismo se sumó a la voluntad del gobierno de aprobar una ley para acabar con los procesos judiciales por este tema. El Movimiento Nacional de Rocha (MNR) liderado por Carlos Julio Pereyra, se opuso a esta decisión, lo que llevó a su ruptura política con Por la Patria. En el fin de semana anterior al lunes 22 de diciembre, la ley fue tratada en forma urgente por el Parlamento, discutiéndose en el Senado desde la tarde del sábado 20 y aprobándose en la madrugada del domingo 21, y tratándose por la Cámara de Diputados hasta la del lunes 22. Votaron a favor todos los legisladores colorados, con excepción del diputado Víctor Vaillant, y la mayoría de los blancos, y en contra el resto de los nacionalistas y la totalidad de los frenteamplistas y de la Unión Cívica. El Poder Ejecutivo la promulgó la misma mañana del lunes 22, justo a tiempo para evitar que los militares citados incurrieran en un desacato.
Inmediatamente, se inició una lucha para tratar de hacer caer a la nueva ley.Por un lado, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, e inclusive algunos jueces penales que tramitaban las causas en cuestión, presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta declarara la inconstitucionalidad de la norma legal aprobada, alegando que la ley reconoce a la "lógica de los hechos" como fuente de Derecho, intenta interferir con investigaciones que lleva a cabo el Poder Judicial, y establece un procedimiento preceptivo de pronunciamiento del Poder Ejecutivo para resolver si los casos investigados por la Justicia se encuentran o no amparados por la caducidad, lo que constituye una gruesa violación de la separación de Poderes. El 2 de mayo de 1988, la SCJ, al fallar por primera vez sobre el punto en uno de los casos sometidos a su resolución, rechazó la inconstitucionalidad de la Ley, en un fallo dividido, ya que de los cinco miembros del cuerpo, tres sufragaron por la mencionada tesis, mientras que los otros dos sostuvieron que la Ley era efectivamente inconstitucional. El argumento de la mayoría fue que la Ley es en esencia, más allá de la terminología utilizada en su texto, una ley de amnistía, instituto admitido constitucionalmente, y que la intervención del Poder Ejecutivo no viola la autonomía del Poder Judicial, ya que los titulares de la pretensión punitiva del Estado, a la que la ley declara caducada, no son los jueces, sino los fiscales (Ministerio Público) que justamente forman parte orgánicamente del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, se comenzó un proceso de recolección de firmas, que llevó a que la ley fuera sometida finalmente a una consulta popular, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma la realización de un referéndum para derogarla. La votación, que constituía la primera oportunidad en que se realizaba un referéndum contra una Ley a nivel nacional en el Uruguay desde que la Constitución dio cabida a este mecanismo en 1967, fue llevada a cabo el 16 de abril de 1989, determinando finalmente la victoria del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta), que mantenia vigente la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, por un margen de 57% contra 43% en favor del "voto verde". Esta decisión popular implicó un debate ético en la ciudadania causando no pocas divisiones y llevó a que los siguientes gobiernos dejaran por sentada la problemática sobre las violaciones de los derechos humanos en Uruguay incluso en casos que fueron discutidos por opositores de izquierda y familiares de desaparecidos.
Al amparo de su artículo 4, que propugna investigar para hallar restos de desaparecidos a pesar de la inimputabilidad penal, fue creada en el gobierno de Jorge Batlle una Comisión para la Paz. Esta emitió un informe respecto de más de 30 casos, hallándose los restos de dos desaparecidos que fueron entregados a sus familiares en Argentina. De la misma forma el gobierno del Frente Amplio que asumió en 2005, ha mantenido una política de cumplimiento con la ley de caducidad haciendo énfasis en el mencionado artículo, permitiendo incluso a la justicia juzgar casos cuya afectación a a la ley ha sido motivo de discusiones. También se ha dispuesto que un equipo de antropólogos indagaran en terrenos militares para buscar cuerpos enterrados, a octubre de 2006 dichas excavaciones están en su etapa final habiéndose encontrado los restos de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda.
[editar] Campaña actual por la anulación de la ley
Desde 2005, y por el contexto de gobierno de izquierda en Uruguay, se ha planteado desde varios sectores limitar la ley o incluso anularla. El gobierno frenteamplista impulsó, por unos meses, en 2005 la posibilidad de establecer una interpretación de la ley para permitir juzgar algunos casos en los que participaron civiles o que están fuera del período de la dictadura. El senador Rafael Michelini, el PIT-CNT, el semanario Brecha, familiares de detenidos desaparecidos, entre otros, están desarrollando una campaña para anular la ley, que, según ellos, viola convenios internacionales sobre derechos humanos que Uruguay ha ratificado y además es nula porque reconoce la presión militar como fuente del derecho[1]. La dificultad política que se presenta es que el partido de gobierno, en su último Congreso anterior a las elecciones de 2004, decidió no anular la ley de caducidad por considerarla un tema polémico que podía traer perjuicios electorales.
