Luciano Benjamín Menéndez
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Luciano Benjamín Menéndez (n. 19 de junio de 1927 en San Martín, Provincia de Buenos Aires) es un militar argentino que alcanzó el grado de General, que durante la dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) desempeñó altos cargos, entre ellos Comandante del Cuerpo III de Ejército, con sede en Córdoba, desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. Entre los centros clandestinos que estuvieron bajo su mando se encuentran la Perla, la Escuelita de Famaillá, etc.
Fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1989. En 2004 la justicia declaró inconstitucional el indulto y fue procesado por delitos de lesa humanidad.
[editar] Biografía
Dentro del gobierno militar integró el llamado grupo de "los duros", integrado también por Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason, quienes se oponían al dúo Videla-Viola, mas proclive a establecer cierto nivel de dialogo con algunos sectores politicos.
Entre otras causas Menéndez está implicado en la llamada Masacre de Las Palomitas, una serie de asesinatos ocurridos en julio de 1976 cuando fueron fusilados doce detenidos en Salta [1].
Partidario acérrimo de que la Argentina entrara en guerra contra Chile debido al laudo de la Reina de Inglaterra que reconocía la soberanía chilena sobre algunas islas ubicadas en el Canal del Beagle, en Tierra del Fuego, en 1978. Entonces se hizo famoso por una frase abiertamente provocativa:
Me estoy probando los pantaloncitos para bañarme en el Pacífico.
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Luciano Benjamín Menéndez [2]. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos [3].
Simultáneamente, en agosto de 2003, el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Pero en 2005 esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España [4], ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
