Controversia sobre Álvaro Uribe Vélez

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Tienes mensajes nuevos (Dif. entre las dos últimas versiones).

Este artículo es sospechoso de ser investigación original. Necesita referencias o fuentes para confirmar los datos, teorías u opiniones incluidos en él.

Puedes ayudar incluyendo las referencias apropiadas. Para más información, véase Wikipedia:Verificabilidad

Esta página hace referencia a la controversia que genera el actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

[editar] Logros	[editar] Críticas
Los textos contenidos en esta columna reflejan algunas de las apreciaciones presentes entre los partidarios de Álvaro Uribe Vélez, de su gestión o de sus políticas. Estos puntos, individualmente, no son neutrales por definición, pero son argumentos existentes. El propósito de su presentación es ilustrar los puntos y contrastarlos con los puntos de sus detractores.	Los textos contenidos en esta columna reflejan algunas de las apreciaciones presentes entre los detractores de Álvaro Uribe Vélez, de su gestión o de sus políticas. Estos puntos, individualmente, no son neutrales por definición, pero son argumentos existentes. El propósito de su presentación es ilustrar los puntos y contrastarlos con los puntos de sus partidarios.
Hasta el primer semestre del 2005, Uribe ha mantenido un margen de popularidad cercana al 70%, con márgenes superiores al 50% de aprobación de su gestión, según encuestas, dada su política de seguridad democrática en aras de restituir el orden y la convivencia en un país donde varios grupos armados han librado una guerra cuyos antecedentes se remontarían hasta hace más de 50 años, luego del magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, que fue seguido por un hecho conocido como el Bogotazo. Su política de seguridad democrática ha mejorado las condiciones de seguridad y ha reducido de manera notable los índices de ataques, masacres y secuestros de los grupos guerrilleros, aumentando las capturas de sus miembros y la deserción entre sus filas. En general, las fuerzas militares han tomado la inciativa del conflicto. Algunos de sus simpatizantes opinan que desde el comienzo de su presidencia ha buscado la reapertura de carreteras para que de nuevo los colombianos pudieran transitar por las principales vías e incentivar el comercio interno, asegurándolas a través del uso de la fuerza pública. Ha pretendido dinamizar públicamente acciones a nivel micro y macro en el territorio nacional para gestionar recursos en las regiones, a través de la transparencia y el ejemplo continúo con la presencia constante en varias localidades del país, presencia que se ha transmitido nacionalmente en buena parte a través de la televisón. Es usual verlo en sábados, domingos y festivos en distintas partes del país, en dichas transmisiones televisivas, lo que hace que algunos piensen que así se facilita el avance social en todas las regiones al tener contacto con parte de la dirigencia y ciudadanía local.	Los críticos del presidente consideran que su elección se produjo con un alto apoyo de los medios de comunicación y de las maquinarias políticas. Ante los argumentos que hablan de mayores índices de seguridad y de resultados militares, algunos críticos del mandatario creen y argumentan que no ha sido así. Varias de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales más respetadas y críticas reconocen que se han dado ciertas mejorías, si bien se discute en qué porcentaje, para quienes y por qué causas. Por ejemplo, algunos atribuyen parte de la reducción de la violencia al cese parcial e incompleto de hostilidades por parte de las AUC y no del todo a la acción gubernamental. Durante su gestión, a pesar de los resultados, un número en aumento de acciones de las fuerzas militares ha terminado en la muerte de civiles y miembros de los organismos de seguridad. La sociedad y el gobierno han alegado que son casos aislados, pero con el incremento de los casos ahora sus críticos consideran que muestran una cierta irresponsabilidad, falta de prudencia y potencial para el abuso de poder por parte de los militares, que puede conducir a un aumento en la desconfianza a las instituciones. De Uribe Vélez se refirió por parte de sus opositores durante su campaña presidencial que en el pasado había tenido vínculos con la fundación de grupos denominados como de "autodefensa civil" y conocidos como CONVIVIR, varios de los cuales terminaron escapando al control y cometiendo numerosos abusos, inclusive uniéndose a las filas de los paramilitares. Varios de los integrantes de dichos grupos hoy se encuentran acusados legalmente de delitos como porte ilegal de armas, homicidio y paramilitarismo.
[editar] Pasado
Uribe se ha opuesto frontalmente al narcotráfico durante su gobierno. La información de la revista Newsweek menciona un documento que afirma estar basado en fuentes de inteligencia todavía sin verificación previa. Esa información ha sido calificada como incompleta y con errores por parte de autoridades y organismos de los Estados Unidos tanto actuales como de 1991. ^[1] ^[2]	La revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en 1991 con el número 82, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Newsweek, NYT (suscripción gratuita)
[editar] Elección y popularidad
Álvaro Uribe Vélez obtuvo el apoyo del 53% de los votantes en las elecciones presidenciales de 2002. Álvaro Uribe Vélez conserva una imagen positiva cercana o superior al 70% en las encuestas. Los grupos armados han ejercido intimidación electoral en las áreas de su influencia y dominio, no es algo nuevo o específico de esa elección, también lo hacen las FARC y ELN. El diario El Tiempo ha criticado desde la campaña varias propuestas políticas del presidente Uribe y luego de su gobierno. El vicepresidente ha cuestionado duramente la labor de ese periódico y otros medios. No obstante, el 28 de agosto de 2005, El Tiempo declaró abiertamente su apoyo a la reelección de Uribe. La baja participación en el referendo no está relacionada con la popularidad del presidente. Esa participación baja fue el resultado de múltiples elementos, entre ellos la gran campaña opositoria de "abstención activa" (en vez de por la opción del "No"). Además -inclusive entre muchos de los propios votantes favorables a Uribe- se tuvo la percepción de que el texto (determinado por la Corte Constitucional) era largo, confuso y no animaba a salir a votar. Además, históricamente las iniciativas extra-electorales (fuera de las elecciones para gobernantes o congresistas) no han tenido altos porcentajes de participación (las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991, encargada de redactar una nueva constitución, la que fijó desde entonces los parámetros para consultas futuras, obtuvieron un porcentaje de participación del 22%; es decir, menor que la que obtuvo la consulta de Uribe). En la mayoría de la "zonas de dominio paramilitar" Alvaro Uribe resultó desfavorecido en las votaciones para elección de presidente, mientras que en las "zonas de influencia guerrillera" ganó.	Los críticos del presidente consideran que su elección se produjo con un alto apoyo de los medios de comunicación y de las maquinarias políticas. En las áreas de dominio paramilitar, se coaccionó a la gente a votar por Uribe. La alta popularidad se debe a que el vicepresidente de Uribe, Franciso Santos Calderón, pertenece a la familia dueña del diario más leído del país. Las encuestas solo entrevistan a un número reducido de personas con teléfono en las principales ciudades del país. Una consulta popular elevada en octubre del 2003 sobre propuestas políticas y económicas, conocida como referendo, constituyó un revés para su plan de gobierno al no conseguir el número de votos requerido para aprobar la iniciativa: un 25% del umbral electoral en cada pregunta, y el referendo en su conjunto obtuvo un porcentaje aproximado de 24,8%. Únicamente se consiguió el umbral en la primera pregunta. Para varios críticos, tal hecho introduce una seria contradicción que podría tenerse en cuenta a la hora de juzgar la validez de la popularidad mencionada, pues una consulta programática constituye uno de los indicadores del apoyo real al gobernante. Rafael García, ex-jefe de informática del DAS y actualmente en prisión, ha argumentado que él participó en la realización de una fraude electoral en la región del Magdalena en las elecciones legislativas del 2002, y que supuestamente se enteró de que ese mismo tipo de fraude lo iban a repetir otras personas para favorecer al candidato Uribe en la elección presidencial de ese mismo año. García ha alegado que los votos fraudulentos habrían sido alrededor de 300.000, sin los cuales hubiera sido posible que el candidato Uribe tuviese que enfrentar una segunda vuelta electoral. García ha dicho que no tiene conocimiento de que el candidato Uribe estuviera enterado del fraude, pero ha acusado al ex-director del DAS, ex-jefe de campaña en el Magdalena y ex-cónsul en Milán, Jorge Noguera, de haber participado en el supuesto fraude. Noguera actualmente está siendo investigado por éstos hechos.
[editar] Financiación
Uribe y su ex tesorero han argumentado que no se ha ocultado nada sobre la financiación de su campaña y que ese monto está reflejado en la contabilidad de la campaña, y que no se incurrió en ninguna conducta ilegal. Igualmente en el 2002, las empresas legales de Enilse López eran empresas legalmente constituidas.	La campaña presidencial de Uribe en el 2002 recibió 100 millones de pesos para su campaña presidencial de 2002 de parte de una empresa en la cual la empresaria del chance Enilse López (llamada "La Gata" por que su empresa se llama Apuestas El Gato) tenía acciones mayoritarias. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, han cuestionado tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos. Enilse López ha sido recientemente capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la ha criticado y considerado sospechosa de estar relacionada con el narcotráfico y el paramilitarismo.
[editar] Seguridad democrática y derechos humanos
La política de seguridad democrática ha mejorado las condiciones de seguridad y ha reducido de manera notable los índices de ataques, masacres y secuestros de los grupos guerrilleros, aumentando las capturas de sus miembros y la deserción entre sus filas. En general, que las fuerzas militares han tomado la inciativa del conflicto. Desde el comienzo de su presidencia, Uribe ha buscado la reapertura de carreteras para que de nuevo los colombianos puedan transitar por las principales vías e incentivar el comercio interno, asegurándolas a través del uso de la fuerza pública. Álvaro Uribe no pretendería ser un dictador porque hasta el momento no ha violentado el orden constitucional, sino que ha acatado las decisiones de la Corte Constitucional, del Congreso y de las urnas aún cuando le han sido desfavorables (fallos judiciales contra elementos de sus políticas de seguridad, negación o alteración de reformas, derrota en el referendo y en las elecciones regionales del 2003). Un dictador concentraría el suficiente poder para hacer que su voluntad prevaleciera por encima de tales obstáculos.	Ante los argumentos que hablan de mayores índices de seguridad y de resultados militares, algunos críticos del mandatario creen y argumentan que no ha sido así. Varias de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales más respestadas y críticas reconocen que se han dado ciertas mejorías, si bien se discute en qué porcentaje, para quienes y por qué causas. Por ejemplo, algunos atribuyen parte de la reducción de la violencia al cese parcial e incompleto de hostilidades por parte de las AUC y no del todo a la acción gubernamental. Una consulta popular elevada en octubre del 2003 sobre propuestas políticas y económicas, conocida como referendo, constituyó un revés para su plan de gobierno al no conseguir el número de votos requerido para aprobar la iniciativa: un 25% del umbral electoral en cada pregunta, y el referendo en su conjunto obtuvo un porcentaje aproximado de 24,8%. Únicamente se consiguió el umbral en la primera pregunta. Una vez asumida la presidencia de la república en 2002, las críticas de varios organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se han concentrado en las faltas, arbitrariedades y accidentes que, se argumenta, han dado contra los derechos humanos y que serían responsabilidad de las fuerzas militares y de la policía al ser iniciada la implementación de sus políticas de seguridad. Además de esto, los grupos políticos de oposición rechazan lo que perciben como una inclinación al autoritarismo en su gobierno y su propuesta de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Esto ha conducido a que en ocasiones se expresen opiniones que le acusen de ser o de pretender ser un "dictador", inclusive, de forma aislada, dentro del Congreso Legislativo.
[editar] Escándalos en el DAS Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se han presentado varios hechos controvertibles en el organismo de inteligencia y seguridad DAS. Uno de los hechos más recientes tuvo que ver con el intento de asesinato del senador Germán Vargas Lleras, ocurrido el 10 de octubre de 2005. Se presentaron declaraciones contradictorias sobre la autoría de los responsables del atentado, ya que dirigentes de la polícia y del DAS señalaron en un primer momento a las FARC como los posibles responsables, mientras que la víctima, el senador uribista Vargas Lleras, mencionó que tenía información de que posiblemente una alianza de políticos y narcotraficantes ligados al paramilitarismo estarían involucrados, por lo que se transmitió entre algunos sectores la impresión de que las autoridades y por extensión el gobierno de Uribe no estarían dispuestas a indigar las otras alternativas sino a concentrarse únicamente en la hipótesis que implicaba a las FARC. Posteriormente, se presentó un escándalo adicional que causó la salida de Jorge Noguera, José Miguel Narváez y Enrique Ariza, respectivamente director, subdirector y subdirector de inteligencia del DAS, a finales del mismo mes, debido a reportes sobre disputas y rivalidades internas dentro del DAS, incluyendo algunas denuncias de personal del organismo de que Ariza estaría comprometido con sectores del paramilitarismo y narcotráfico [1]. Entre las denuncias anteriores se incluye una contra un dirigente regional del DAS, que supuestamente fabricó un atentado contra el presidente Álvaro Uribe con el sólo propósito de ganar créditos por frustrar el ataque.
Se argumenta que el presidente Uribe ha hecho lo posible por manejar los problemas de corrupción y los malos tratos en los que se ha visto envuelto el DAS, muestra de ello son los cambios realizados en la cúpula del mismo y el que el presidente haya comunicado públicamente su voluntad de llegar inclusive a cerrar ese organismo si fuere necesario. Uribe reaccionó al atentado a Germán Vargas Lleras según la información que los cuerpos de seguridad le transmitieron a las demás autoridades, mostrándose preocupado y decepcionado con sus subordinados cuando fueron únicamente los medios quienes le comunicaron a él la existencia de la información que poseía el senador, por lo que el gobierno no ha descartado todavía ninguna hipótesis. Para el gobierno y los sectores de la opinión que lo apoyan, en otros casos como el del Club El Nogal la situación es diferente y no es sujeto del mismo trato, ya que la investigación ha avanzado mucho más con el paso del tiempo, se han realizado capturas y recaudado múltiples testimonios y pruebas que implican directamente a las FARC en los hechos. El gobierno considera que la guerra contra el terror es algo que de por sí le concierne a Colombia ya que el país está siendo víctima de una amenaza terrorista.	El director del DAS, Jorge Noguera, había sido nombrado directamente por el Presidente de La República. Estos y otros hechos han generado una crisis de credibilidad entre sectores de la opinión frente al gobierno. Para algunos lo anterior podría inclusive despertar dudas sobre la autoría de otros atentados terroristas atribuidos a las FARC, como sería el caso del del ataque al exclusivo Club El Nogal. Algunos opositores consideran que Álvaro Uribe utilizó ese hecho violento como excusa para alinearse con Washington en su Guerra contra el Terror y para sacar de su agenda de gobierno programas de desarrollo social.
[editar] Economía

[editar] Política internacional

[editar] Reelección Hay dos formas de ver la reelección inmediata del presidente de la república: con o sin Álvaro Uribe Vélez. La primera visión trata sobre la conveniencia o no de reelegir a los presidentes. Se comparan casos exitosos como los EE.UU. y casos negativos como Perú. El otro debate es sobre la reelección de Álvaro Uribe Velez.
La reelección es un mecanismo por el cual el pueblo puede premiar a los buenos dirigentes. Así como es posible reelegir senadores y representantes, es sano poder reelegir al presidente. No es democrático prohibir que alguien, a quien el pueblo apoya, no pueda ser elegido presidente. Colombia es ya una democracia madura. El gobierno está impulsando en el Congreso un proyecto de garantías para equilibrar dentro de lo posible las condiciones de acceso a los medios y la financiación de campañas para todos los candidatos.	La experiencia en América Latina y en Colombia al aprobarse la reelección no han sido exitosos: Menem, Fujimori, Chávez, de Mello, recientemente. Los intentos de Reyes y Rojas Pinilla en Colombia. Casos todos en los que se modificaron las leyes para permitir la elección del presidente en ejercicio. El presidente en ejercicio tendría todos los medios políticos y económicos para hacer campaña desde el Estado. Una ventaja de la que carecerían los candidatos opositores.
En una democracia se debe respetar la opinión del pueblo. El 70% de los colombianos apoya a Uribe y esperaría tenerlo cuatro años más. Las políticas de seguridad democrática no se pueden implementar en sólo cuatro años. Necesitan que el presidente esté cuatro años más. Uribe es el mejor presidente que hemos tenido. Ante falta de garantías sobre un sucesor debemos mantener a Uribe por lo menos cuatro años más. Aunque no haya resuelto todos los problemas sociales, durante el gobierno del presidente Uribe ha aumentado el crecimiento económico y se ha reducido el desempleo, y se espera que lo siga haciendo hacia el futuro. El presidente Uribe continúa promoviendo pública y privadamente la posibilidad de que en el futuro se apruebe la reelección de alcaldes y gobernadores. Los defensores del presidente han dicho que no se incurrió en el fenómeno de "comprar" a los congresistas, sino que se buscó la concertación gobierno-bancada para conseguir los apoyos que los proyectos necesitaban, incluyendo el de la reelección, sin los cuales el Congreso no los aprobaría. El gerente de la campaña del presidente Uribe, Fabio Echeverri ha dicho que "eso no es una cuña de la campaña, es un testimonial. Tenemos más de 300 testimoniales grabados", que "una persona a la cual se le encuentra en la calle y se le pide una opinión y esta da un testimonial tiene la libertad de expresar su pensamiento y sus convicciones, como la tiene cualquier ciudadano colombiano, periodista o no periodista", y que ese testimonal fue grabado "sin guión, sin folleto, sin iluminación, espontáneos, sin inducir a nadie. Grabados en la calle o en cualquier sitio público, fuera de los estudios, sin que a la gente se le diga qué debe decir". Echeverri agregó que "se sabe quién es la persona, dónde vive, está la fotografía. Entonces que demanden a alguien por expresar su opinión". ^[3]	Las encuestas sólo reflejan una parte del país: la población urbana que posee teléfono. Las cifras de 70% de popularidad son dudosas. Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática han sidos nocivos para Colombia y han descuidado áreas clave. Su gobierno no debe ser prolongado. El proceso para aprobar la reelección en el congreso ha mostrado un presidente que comete uno de los vicios políticos que prometió atacar desde su campaña, el llamado clientelismo. La posible vinculación de Álvaro Uribe con fuerzas paramilitares que en el pasado han simpatizado con su gobierno impediría que la campaña electoral reeleccionista se realizara con las suficientes garantías de seguridad para los oponentes y le restaría mucha legitimidad democrática al resultado. La deuda social con la que ha dejado a Colombia es enorme, se necesitaran varios periodos de gobiernos con prioridad social para que Colombia se pueda recuperar. El proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial inmediata, incluida la del presidente en ejercicio, se presentó en octubre de 2003. Este proyecto contó con el apoyo de Uribe, tanto en su redacción como en su aprobación a pesar de existir el conflicto de interés. El proyecto fue aprobado en el 2005 con mayorías precarias tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. La reforma no permitió la reelección inmediata de ningún otro cargo de elección popular en la rama ejecutiva del estado, ni que los funcionarios públicos distintos del presidente puedan participar en actividades de proselitismo político. Solamente el presidente puede aspirar a un cargo de elección popular en su periodo de gobierno. Esto es, ni alcaldes ni gobernadores pueden aspirar a ningún cargo de elección popular mientras estén ejerciendo sus respectivos períodos constitucionales. La medida no fue una medida en pro de la democracia en general, como lo quizo hacer ver el gobierno, ya que la bancada que apoyaba al actual presidente votó en contra de darle la oportunidad de ser candidatos a los actuales alcaldes y gobernadores, entre los que se encuentran importantes opositores en el debate sobre la reelección. Diferentes sectores han criticado que el gobierno, al apersonarse de la reforma que permitió la reelección presidencial, ha comprado a los legisladores, por medio de la promesa de cargos gubernamentales o diplomáticos y los llamados "auxilios parlamentarios" (prohibidos constitucionalmente) en un fenómeno conocido como clientelismo. Inclusive algunos partidarios del presidente, aunque compartan el resto de sus programas de gobierno, son abiertamente críticos sobre éste hecho que consideran reprochable y perjudicial para la imagen del presidente. Otra crítica que se le ha hecho a todo el proceso de presentación y aprobación de la reelección fue que buena parte de la agenda legislativa fue desechada o postergada. Las prioridades en materia de leyes con las cuales el presidente Uribe fue elegido fueron cambiadas al iniciarse el tramite del acto de reforma constitucional. Proyectos de ley como la reforma al Código Tributario, dejaron de estudiarse y/o aprobarse en el Congreso colombiano, a pesar de que Uribe fuera elegido con la promesa de eliminar las excepciones tributarias. Todavía no se conoce un texto definitivo de proyecto de ley de reforma al codigó tributario. Como parte de su publicidad electoral, por un tiempo se presentó una cuña de radio con un testimonial de un hombre que afirmó lo siguiente: "Yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar hacer daño a los demás, matar civiles, eso esta mal hecho. Esta bien que usted los este combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos". El Partido Comunista y otros críticos han considerado que "se está transmitiendo sobre la base de un supuesto testimonio en el que se hacen temerarias e irresponsables sindicaciones contra la UP, que pretenden justificar el genocidio de más de cuatro mil militantes y la actual racha de amenazas y atentados" y le reclamaron por ello a la campaña de Álvaro Uribe. ^[4]

[editar] Escándalos por nexos paramilitares en partidos uribistas

El 17 de noviembre 17 de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente Álvaro Uribe llamó a los congresistas y funcionarios públicos que tuvieran nexos con los paramilitares a "decir la verdad", declaró que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones a pesar de que haya que meter a la cárcel a congresistas y funcionarios públicos, y reiteró "que si hay alguno de los 30 mil paramilitares que puedan decir que el Presidente de la República ha sido cómplice, que lo digan". ^[5]

Antes, durante y después de las campañas electorales legislativas y presidenciales del 2002 y del 2006 se denunciaron los presuntos nexos de diversos políticos, la mayoría de ellos de filiación gobiernista, con grupos paramilitares.

Desde el mes de noviembre del 2006, como resultado de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General por presuntos nexos con el paramilitarismo, varios congresistas de la coalición uribista de gobierno han sido llamados a rendir indagatoria, y contra algunos de ellos han sido emitidas órdenes de captura.

Previamente a éstos hechos, se había efectuado la detención de cuatro diputados de Sucre, Johnny Villa, Liberal y Nelson Stanp, Angel Villarreal y Walberto Estrada, uribistas, bajo la acusación de formar parte de una nómina clandestina del jefe paramilitar Jorge 40.

En noviembre del 2006, por nexos con estos grupos, les fue dictada orden de captura a Alvaro Garcia y Erik Morris del Partido Colombia Democrática, al igual que al Senador Jairo Merlano del Partido de la U. Todos ellos fueron elegidos en el Departamento de Sucre y hacen parte de la coalición del gobierno en el Congreso. Una de las más graves acusaciones la enfrenta el senador Alvaro Garcia Romero, del Partido Colombia Democrática, por presuntamente organizar grupos paramilitares y ser el posible autor intelectual de la masacre de 12 personas en Macayepo.

Casi simultáneamente, la Fiscalía colombiana también emitió orden de captura contra Salvador Arana, ex-gobernador de Sucre y ex-embajador en Chile, por la grave acusación de ordenar el asesinato del Eudaldo Diaz, alcalde de El Roble, en el 2003. Adicionalmente, la Fiscalía solicitó investigar por presuntos nexos con paramilitares a los senadores uribistas Zulema Jattin, Dieb Maloof y David Char, entre otros.

Al finalizar el mes de noviembre, la Corte Suprema, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, oficializó los llamamientos a rendir indagatoria de Dieb Maloof, del Movimiento Colombia Viva, uribista, Jorge Caballero, de Apertura Liberal después de ser expulsado del Partido Cambio Radical, uribista, Alvaro Araújo, del Partido Alas Equipo Colombia, uribista. En la misma fecha, la Corte llamó a declarar a Luis Eduardo Vives, uribista de Convergencia Ciudadana expulsado del Partido de la U, Mauricio Pimiento, senador del Partido de la U y Alfonso Campos, conservador.

Anteriormente, el senador Alvaro Araújo declaró ante los medios que había participado en dos reuniones donde estuvo presente el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Según el senador, una de ellas fue de carácter institucional, cuando el jefe paramilitar anunció su próxima desmovilización en el marco del proceso de negociación, y la otra habría sido en septiembre del 2004, durante el cumpleaños de la ex-representante a la Cámara Eleonora Pineda. Antes de que el senador fuera llamado a rendir indagatoria su hermana, la canciller Maria Consuelo Araújo, declaró que le consultó al Fiscal Mario Iguarán, durante una reunión oficial, si su hermano estaba siendo investigado. En ese momento, el Fiscal le informó que no había una investigación oficial contra él. El Presidente Uribe la ratificó en el cargo de canciller a pesar de múltiples críticas.