República Cromañón

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República Cromañón —también conocida como República Cromagnón o simplemente como Cromañón— era una discoteca ubicada en la zona de Once en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, trágicamente conocida a raíz de un incendio que comenzó la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Este incendio provocó la segunda mayor tragedia no natural en Argentina, causando la muerte de 194 personas y dejando más de 700 heridos (la primera fue el Bombardeo Aéreo al centro de Buenos Aires, el 16 de junio de 1955, con 300 muertos).

El incendio causó, además, importantes cambios políticos y culturales. En relación a lo político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, por considerarlo responsable político de la tragedia. Este enjuiciamiento terminó con su destitución, siendo reemplazado por el Vicejefe de Gobierno Jorge Telerman. En cuanto a lo cultural, la tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de las discotecas y locales destinados a espectáculos musicales, y las autoridades clausuraron muchos de ellos. De esta forma, muchos de los lugares que anteriormente servían para que las pequeñas bandas se dieran a conocer cerraron o se trasladaron desde la ciudad hacia los partidos del Gran Buenos Aires, donde los controles estatales no eran tan rigurosos.

Tabla de contenidos 1 Incendio 2 Proceso judicial 3 Repercusiones políticas y sociales 3.1 Manifestaciones populares 3.2 Convocatoria al referéndum 3.3 Juicio político 3.3.1 Sala Acusadora 3.3.2 Sala de juzgamiento 4 Notas 5 Véase también 6 Enlaces externos 6.1 Organizaciones

[editar] Incendio

El incendio comenzó después de que uno de los asistentes al espectáculo encendiera un elemento de pirotecnia, cuyos proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra, una especie de lona de plástico inflamable, que a su vez apoyaba sobre guata recubierta por planchas de poliuretano^[1] que se coloca a una altura de un predio cerrado para reducir en algo el tamaño real del lugar logrando así, por ej. un menor consumo en la refrigeración; y reducir el ruido hacia el exterior. La espuma de poliuretano, al entrar en combustión, genera cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido y monóxido de carbono; mientras que la guata produce dióxido y monóxido de carbono^[2]. La media sombra, originó dióxido y monóxido de carbono y acroleína^[2]. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el volumen de ácido cianhídrico, con el local lleno, alcanzaba las 255 ppm, siendo el nivel letal para ratas de laboratorio de 150 a 220 ppm^[2].

El local se encontraba habilitado para dichos espectáculos con una capacidad de hasta 1.300 personas; sin embargo el recuento del público era bastante mayor a dicha cifra. En la causa judicial se asegura que ingresaron al menos 2.811 personas^[1]. Para agravar la situación, una de las salidas de emergencia (que según declaraciones de Omar Chabán no era una verdadera salida de emergencia^[3], pero que de haber existido la posibilidad de abrirla hubiera disminuido el número de víctimas) estaba clausurada con alambres y candados para evitar que la gente entrara sin pagar. Esto provocó que todo el público se amontonase para salir por los accesos habilitados o intentara escapar del siniestro por las puertas que se encontraban detrás del escenario (y que daban hacia el estacionamiento de un hotel), lo que resultaría casi imposible cuando se cortó la luz del lugar poco después de iniciado el fuego^[2]. Por esta causa algunas personas murieron o sufrieron heridas por aplastamiento.

Quienes lograron salir del lugar improvisaron medidas de primeros auxilios hasta que llegaron refuerzos policiales, médicos y la división policial de bomberos. Pese a sus esfuerzos, en el incendio y en los días subsiguientes murieron 194 personas y 714 resultaron heridas; inclusive madres, padres y una hermana de miembros de la banda y la esposa del manager. Fallecieron bebés y niños y se dijo que habría una guardería en el baño de damas. Esta información fue desmentida por la mayoría de los testigos^[4], y se presume que la cantidad de chicos encontrada en el baño se debía a que la mayoría de los menores estaban en el segundo piso del establecimiento, y la única puerta que encontraron para escapar con sus padres fue ésta, quedando atrapados y sin posibilidad de sobrevivir. Los testigos también argumentan que el día de la tragedia sólo se encontraba habilitado el baño de damas, y que sus pequeñas dimensiones imposibilitaban que allí funcionara la supuesta guardería.

La mayoría de los decesos fue por inhalación de diferentes gases (monóxido de carbono, ácido cianhídrico, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y vapores de isocianato^[1]) y por quemaduras de vías aéreas superiores, no por aplastamiento o incineración como en la mayoría de estos accidentes. Algunos ocurrieron en los hospitales públicos o privados a los que fueron trasladados en primera instancia las víctimas. Más de 6 instituciones (tanto gubernamentales como no) estuvieron trabajando hasta pasada la media noche que marcaba el final del año ayudando a amigos y familiares de las víctimas que aún no podían encontrar a sus seres queridos. Más allá de la cantidad de nosocomios en los que se podían encontrar, la falta de organización y las cifras manejadas dificultaban el reconocimiento de todas víctimas (fatales o no).

El establecimiento se encontraba habilitado como local de baile clase C en forma autónoma, no como anexo de otro establecimiento. Según el inciso "d" del artículo 10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones^[5] de la ciudad, se prohíbe a este tipo de locales la comunicación con otros establecimientos, lo que no sucedía ya que la puerta que se encontraba detrás del escenario daba al estacionamiento de un hotel. Es por esto que no puede ser considerada como puerta de emergencia.

Si bien estaba habilitado como local de baile clase C, en la práctica funcionaba como un microestadio, por lo que debían aplicársele otras normas. Para comenzar, debía pedírsele autorización a la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones con varios días de anticipación, y durante el recital deben estar presentes inspectores del Área Contralor Espectáculos y fiscales contravencionales. Debe garantizarse, además, una cierta presencia de policías, bomberos y ambulancias. Debido a la habilitación que poseía, se encontraba prohibida la concurrencia de menores de 18 años, que no fueran acompañados por sus padres o tutores, a los espectáculos que se realicen entre las 23 y 6 horas. Sin embargo murieron muchos menores durante el incendio.

El juez Lucini resumió en su fallo: "no poseía una concreta salida de emergencia, funcionaba como un microestadio realizando recitales sin estar habilitado para ello, sin autorización previa, sin controles y permitiendo el ingreso de menores y la venta de alcohol. Ello se hacía superando su capacidad en más de 300% y sin mencionar el uso de pirotecnia en su interior"^[1].

Además, la Certificación de Bomberos de República Cromañón se encontraba vencida^[6]. La Superintendencia de Bomberos es la encargada de expedir la habilitación del sistema contra incendios del boliche, algo que se había hecho por última vez en noviembre de 2003 y por un período de un año. Por lo tanto, dicha habilitación había caducado, y el local debió haber sido clausurado. Como si fuera poco, de los quince matafuegos existentes en el lugar diez se encontraban despresurizados^[2].

Meses antes de la tragedia, la Defensoría del Pueblo había publicado un informe donde presentaba que la mayoría de los locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires no se encontraban en condiciones^[7]. Este informe fue ignorado por el Gobierno de la ciudad autónoma.

[editar] Proceso judicial

Tras la tragedia, la Justicia dictó la orden de captura nacional e internacional de Omar Chabán, gerenciador de República Cromañón. Tras varios allanamientos, Chabán fue arrestado en una casa del barrio porteño de Monserrat^[8]. Durante los primeros días, la banda Callejeros declaró a los medios, a través de su abogado, que ellos no habían firmado ningún contrato con Chabán, y que el único organizador del recital fue el empresario^[9]. De esta forma buscaban deslindar responsabilidades de la tragedia, estableciendo una estrategia que mantendrían durante todo el proceso: responsabilizar a Chabán y a Aníbal Ibarra.

Tras interrogar a varios testigos, la jueza de instrucción María Angélica Crotto dictó el procesamiento de Omar Chabán acusándolo de homicidio simple con dolo eventual de 192 personas (eran las víctimas fatales hasta ese momento). Además, resolvió el embargo de bienes por 57.600.000 pesos^[10]. Por problemas de salud, la jueza decidió tomarse una licencia, siendo reemplazada por el juez de instrucción nº 8 Julio Lucini^[11].

A finales del mes de Febrero de 2005 fueron detenidos Diego Argañaraz, mánager de Callejeros, Lorenzo Bussi, encargado de la seguridad, y Raúl Villareal, mencionado como coordinador general del local^[12]. Argañaraz y Bussi fueron liberados, ya que fueron procesados por homicidio culposo, un delito excarcelable. A Villareal en cambio, se le dictó la prisión preventiva ya que fue acusado de homicidio con dolo eventual. En el caso de Villareal el juez destacó que "lejos de asumir el rol de simple empleado y/o colaborador, tenía una activa participación en el 'negocio', a punto de haberse convertido en la verdadera 'mano derecha' de Chabán", del mánager de la banda expresó que "actuó en forma imprudente y negligente, lo cual facilitó la producción del siniestro que terminó con la vida de 193 personas y produjo centenares de heridos" y en el caso de Bussi estableció que "si hubiera actuado en forma correcta, extremando el cacheo de los asistentes y verificando que ninguno de ellos ingrese al lugar sin antes ser exhautivamente revisado, el incendio no se hubiera producido y las muertes se hubiesen evitado". Los tres sufrieron un embargo de bienes, Villareal de 57 millones de pesos, mientras que Argañaraz y Bussi de 20 millones.

En el mes de marzo fueron procesados cinco integrantes de la Policía Federal Argentina^[13]. Los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel Sevald, y el subcomisario Carlos Díaz fueron procesados por el delito de cohecho pasivo, y fueron embargados por la suma de 500 mil pesos. Además se procesó a los agentes Oscar Sosa y Cristian Villegas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fueron embargados por 100 mil pesos. Los imputados expresaron que eran inocentes, mientras que Chabán se negó a declarar por el presunto pago de sobornos.

Una nueva polémica surgió con la empresa dueña de República Cromañón, Lagarto S.A.. La Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que detrás de esa empresa fantasma existían cinco empresas más, con gran relación al empresario textil Rafael Levy^[14]. Las cinco empresas eran National Uranums Corporation, Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales (Caecsa), la Financiera Rucas Sociedad Anónima, Eficrown Sociedad Anónima y Nueva Zarelux Sociedad Anónima. Esta última es una empresa off shore fundada por dos socios uruguayos, uno de ellos un changarín que denunció que se le había pagado por prestar su nombre. Según Levy, no existía un contrato entre Chabán y Lagarto S.A. porque el gerenciador no había presentado las garantías necesarias. Sin embargo existía un arreglo en el que Chabán le pagaba a la empresa un canon de 9 mil dólares mensuales^[15].

En el mes de mayo, los abogados de Omar Chabán solicitaron al juez Lucini la excarcelación. Lucini la negó, por lo que fue apelada ante la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Sala Quinta (integrada por Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich) decidió excarcelar al empresario mediante el pago de una fianza de 500 mil pesos. Chabán fue trasladado a la prisión de Marcos Paz, y luego de que fuera pagada la fianza fue liberado^[16].

La excarcelación desató una nueva polémica, no sólo en lo referente a la causa sino en lo referente a todo el sistema judicial. Se discutía la existencia de un excesivo "garantismo", una corriente del Derecho penal que pretende una minimalización del sistema penal, la humanización de las penas y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos fundamentales en el proceso. Como símbolo de los "garantistas" se encontraba el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, mientras que los opositores eran varios políticos de la derecha argentina y el ingeniero Juan Carlos Blumberg. El Presidente de la Nación Néstor Kirchner manifestó su rechazo por la excarcelación, lo que derivó en varias disputas^[17] con miembros del Poder Judicial, quienes calificaron las palabras del primer mandatario como una injerencia de un Poder de la República en otro. A los dos jueces que votaron a favor de la excarcelación de Chabán, tildados de "garantistas" por diferentes medios de comunicación^[18], se les intentó iniciar un juicio político, pero el Consejo de la Magistratura rechazó, meses después, ese pedido^[19]. También fue excarcelado Raúl Villereal^[20].

Tras su liberación, Chabán decidió recluirse en la casa de su madre, ubicada en el Partido de General San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Familiares de las víctimas se trasladaron hasta el lugar para manifestar su repudio, lo que produjo quejas de vecinos y comerciantes del lugar. Las diferentes manifestaciones en contra de la excarcelación del empresario afectaban la tranquilidad de la zona. Es por esto que el gobierno provincial reclamó al juez el traslado de Chabán, basándose en la gran cantidad de recursos que eran necesarios para mantener la custodia policial en el lugar^[21]. Finalmente el empresario se trasladó a una casa ubicada en el delta del Tigre, que había alquilado uno de sus amigos, en donde decidió entrevistarse con algunos familiares de las víctimas^[22]. Sin embargo, debido a que las protestan se trasladaron al lugar y a que los dueños de la casa querían desalojarlo^[23], decidió mudarse a otra casa, también ubicada en el Delta pero más alejada^[24]. Sin embargo eso no detuvo a los familiares, quienes lograron apedrear la nueva casa^[25]. En medio de estos sucesos hubo un cambio de carátura que benefició a Chabán, ya que los jueces se inclinaron por la figura de estrago doloso seguido de muerte.

Finalmente la Cámara de Casación hizo lugar al pedido de anular la excarcelación de Chabán. Debido a esta decisión, el juez Lucini ordenó la detención del empresario y su traslado al penal de Marcos Paz^[26]. Además, tres ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron procesados: el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López fue procesado por homicidio culposo agravado, mientras que el ex subsecretario de Seguridad del gobierno comunal Enrique Careli y el ex director general de Servicios de Seguridad Privada Vicente Rizzo fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público^[27]. Además, fueron acusados por homicidio culposo agravado Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, Ana María Fernández, ex directora general adjunta del organismo de control porteño, Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización, Rodrigo Cozzani, ex coordinador operativo del mismo organismo y Alfredo Ucar, asesor de Fiszbin; y a Víctor Telias, coordinador operativo del área de control, por incumplimiento de los deberes de funcionario público^[28]. En octubre, también fue procesado el ex funcionario Roberto Calderini, responsable del área de Habilitaciones, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública^[29].

Sin embargo, para fines del 2005 sólo Juan Carlos López permanecía acusado de homicidio culposo agravado^[30]. Fiszbin, Fernández y Torres fueron sobreseídos por ese cargo, mientras que a Ucar y Cozzani se les dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer.

En diciembre de 2005, el juez Lucini imputó al grupo Callejeros por estrago doloso seguido de muerte^[31]. Durante el 2006 la causa volvió a manos de la jueza Crotto^[32], y la Cámara del Crimen negó el pedido de cambio de carátula de estrago doloso a homicidio culposo, pedido por el grupo musical. Sin embargo, la justicia los autorizó a realizar presentaciones^[33], lo que finalmente sucedería el 6 de julio^[34].

En cuanto al ex Jefe de Gobierno, la jueza de la causa se había negado a llamar a Ibarra a declarar, lo que había motivado el enojo de los familiares, algunos de los cuales están denunciados por amenazar a la jueza^[35]. Finalmente, Ibarra fue sobreseído de la causa en la que había sido denunciado por homicidio doloso e incumplimiento de los deberes de funcionario público^[36]. Además, en el mes de julio la justicia civil había revocado la inhibición de bienes que pesaba sobre el ex mandatario^[37].

En el mes de abril, la Sala V de la Cámara del Crimen desprocesó al ex funcionario, Juan Carlos López, quien estaba imputado por homicidio doloso^[38]. Los jueces determinaron que "con solo mirar la diversidad de funciones de la Secretaría a cargo de López, se puede advertir lo dificultoso que resulta para quien se encargue de ella, poseer un conocimiento profundo de todos los problemas que existen en la Ciudad de Buenos Aires vinculados a su competencia". En el mismo fallo fueron sobreseídos Enrique Carelli y Vicente Rizzo, quienes se encontraban imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el mes de septiembre, otros tres funcionarios serían sobreseídos: Juan Carlos Loupías, Juan Carlos Sánchez, Alfredo Ucar también se encontraban imputados por el mismo cargo que los dos anteriores^[39].

En agosto de 2006, la jueza María Angélica Crotto elevó a juicio oral las actuaciones de Omar Chabán, Raúl Villarreal, cinco policías y el grupo Callejeros (junto a su manager y escenógrafo)^[40][41]. En septiembre, tres bombreros y dos empresarios también fueron enviados a juicio oral y público^[42]. Los bomberos, acusados de participar en un circuito irregular de tramitación de certificados de habilitación de locales nocturnos, son Alberto Corbellini, el ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, Marcelo Nodar y Marcelo Esnok; mientras que los dos empresarios, Rubén Fuertes y Luis Perucca, fueron acusador por "coautores". El 10 de octubre, los ex funcionarios Fiszbin, Fernández y Torres fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y su causa fue elevada a juicio oral^[43].

[editar] Repercusiones políticas y sociales

Las críticas que se suscitaron tras el episodio provocaron la renuncia del Secretario de Seguridad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos López^[44].

El presidente argentino, Néstor Kirchner, se encontraba descansando en la provincia de Santa Cruz en el momento del episodio, y no se expresó públicamente sino hasta el 4 de enero. En ese lapso, su asesor llamó a la agencia de noticias Télam para señalar que el presidente estaba "compungido"^[45].

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, cargó principalmente la culpa sobre el responsable del local, Omar Chabán, a quien acusó de irresponsabilidad empresaria^[46].

Tras la tragedia, el gobierno porteño prohibió la realización de recitales en discotecas dentro del ámbito de la capital. Asimismo, se estableció que todos los boliches bailables deberían permanecer cerrados durante 15 días, tras lo cual se permitiría la apertura de aquellos que renueven su habilitación, con nuevas condiciones^[47].

[editar] Manifestaciones populares

Tras el hecho, se sucedieron varias marchas populares en reclamo de justicia, y para quejarse por la actuación del Estado en los controles del local.

• La primera de ellas se llevó a cabo dos días después de la tragedia, y reunió a unas 600 personas frente a la Jefatura de Gobierno porteña. En esa ocasión, como en las que seguirían, las mayores expresiones de disgusto estuvieron dirigidas a la cara visible de República Cromañón, Omar Chabán, como así también al jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
• Al día siguiente, familiares y amigos de las víctimas volvieron a reunirse en una segunda marcha que involucró cerca de 2500 personas. Hasta aquí, todo se realizó en orden, sin ningún tipo de violencia.
• El 3 de enero, se realizó una tercera manifestación que reunió aproximadamente 5000 personas. Hacia el final de la marcha, un grupo de individuos atacó a pedradas el palacio municipal y se enfrentó a la policía. Algunos familiares de las víctimas acusaron a activistas políticos infiltrados por los hechos ocurridos en esta manifestación.

• Las quejas volvieron a repetirse en la protesta del jueves 6, en una marcha que partió desde Once y culminó en la Plaza de Mayo. En esta marcha, que reunió a más de 10 mil personas, nuevamente registró incidentes por parte de un pequeño grupo de manifestantes. Entre los involucrados en estos hechos había menores de edad, aunque la totalidad de los detenidos por la policía recobró su libertad al día siguiente.
• El 8 de enero se realizó un señalamiento público en la casa de Ibarra. El Jefe de Gobierno había evitado día anterior su interpelación en la legislatura de la ciudad, gracias a los votos negativos o abstenciones al respecto de los legisladores que responden al presidente Néstor Kirchner, a Eduardo Duhalde y a Ibarra mismo.

[editar] Convocatoria al referéndum

El 31 de enero, el jefe de gobierno Ibarra anunció en una conferencia de prensa su intención de convocar a un referéndum obligatorio y vinculante, en el que se definirá si sigue en su puesto o si debe dejar inmediatamente el máximo cargo electivo en la ciudad de Buenos Aires.

El Art. 67 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires^[48][49] pide que sea el electorado el que reclame la revocación del mandato, con el 20 % de las firmas del padrón electoral (aproximadamente 520 mil firmas), no obstante lo cual Ibarra hizo una presentación ante la Justicia para que se obvie este paso. Finalmente, la presentación fue rechazada^[50][51], tras lo cual algunas agrupaciones oficialistas comenzaron a juntar las firmas para que la votación se pueda llevar a cabo. Este procedimiento no tuvo resultado, ya que no existió voluntad política ni del propio Ibarra ni de la oposición para llevar a cabo seriamente la recolección de firmas.

[editar] Juicio político

La Legislatura debía decidir si le iniciaba jucio político al Jefe de Gobierno. El mecanismo de enjuiciamiento es el siguiente: cada dos años la Legislatura se divide por sorteo en una Sala Acusadora, cuya función es la de determinar si se realiza el juicio político, y una Sala de Juzgamiento, que es la encargada de determinar si corresponde la destitución del funcionario. La Sala Acusadora está compuesta por el 75% de los legisladores y la Sala de Juzgamiento por el 25% restante, siempre respetanto la proporcionalidad de los partidos. La sala acusadora debe nombrar en la primera sesión del año una comisión investigadora que analiza los hechos, garantizando la defensa del acusado. Si en la sala acusadora se obtienen los votos favorables de los dos tercios de sus miembros, se da curso a la acusación y se suspende al funcionario en sus funciones sin goce de haberes. Luego el debate pasa a la sala de juzgamiento, que si consigue el voto favorable de los dos tercios de sus miembros destituye al funcionario y puede inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos por 10 años.^[48]

[editar] Sala Acusadora

El 14 de noviembre de 2005 la sala acusadora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó la votación para llevar a juicio político a Anibal Ibarra. Se había intentado realizar la votación el 10 de noviembre, pero incidentes causados por algunos familiares de las víctimas produjo que los legisladores del Frente para la Victoria se retiraran de la sesión^[52]. Debido a esto se limitó la entrada a sólo 10 familiares, lo que despertó el malestar de las diferentes agrupaciones^[53]. La sala acusadora ese día estaba compuesta por 43 legisladores, ya que dos se encontraban ausentes. Con 30 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones la sala aprobó el juicio político^[54] y Anibal Ibarra fue suspendido en su cargo, siendo reemplazado por el Vicejefe de Gobierno Jorge Telerman^[55].

Votación[56]
A favor del juicio	En contra del juicio	Abstenciones	Ausentes
Frente Compromiso para el cambio: Santiago de Estrada, Marcelo Godoy, Gabriela Michetti, Martín Borrelli, Marcos Peña, María Soledad Acuña, Rodrigo Herrera Bravo. Juntos por Buenos Aires: Diego Santilli, Jorge Enríquez, Juan Carlos Lynch, Alvaro González, Mario Morando, Dora Mouzo. Kirchneristas: Eduardo Lorenzo Borocotó Frente para la Victoria: Juan Farías Gómez. Confluencia: Ariel Schifrin, Milcíades Peña. Recrear: Jorge San Martino, Carlos Araujo. Bloque del Sur: Daniel Betti, Sergio Molina. ARI: Fernando Melillo, Juan Manuel Velasco, Fernando Cantero. Cambiemos Buenos Aires: Sandra Bergenfeld. Salvador Mazza: Graciela Scorzo. Movimiento para un Pueblo Libre: Rubén Devoto, Tomás Devoto. Plural: María Eugenia Estenssoro. Autodeterminación y Libertad: Noemí Oliveto.	Partido de la Ciudad: Jorge Giorno, Julio De Giovanni. Cambiemos Buenos Aires: Jorge Mercado. Frente Grande: Alicia Caruso, Sandra Dosch. Columna Social: Mirta Onega. UCR: Roberto Vázquez.	Frente para la Victoria: Diego Kravetz, Miguel Talento, Ana Suppa, Claudio Ferreño, Silvia La Ruffa y Mónica Bianchi.	Frente para la Victoria: Marta Talotti Partido Socialista: Roy Cortina.

[editar] Sala de juzgamiento

Cuando la sala acusadora falló se inició un debate sobre la conformación de la sala de juzgamiento. El 23 de octubre hubo elecciones legislativas en Buenos Aires, por lo que la conformación partidaria de la Legislatura cambió, al igual que la conformación de la sala de juzgamiento. Como los nuevos legisladores asumían en sus cargos el 10 de diciembre, el debate era si la sala debía permanecer formada por los legisladores que dejaban sus cargos o si debían ser reemplazados por los que asumían. Una sala formada por los antiguos legisladores era favorable al suspendido Jefe de Gobierno, ya que sus aliados políticos no habían obtenido un buen resultado en las últimas elecciones y con el cambio habría más opositores. Como el art. 93º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que cada dos años deben formarse las salas y el art 4º considera nulos los actos de quienes prolonguen funciones, la intención de que permanecieran los legisladores salientes no prosperó^[57]. La sala de juzgamiento tenía cuatro meses para fallar, y si no lo hacía en ese lapso Ibarra quedaba absuelto.

La sala estuvo conformada por 15 Legisladores y presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Maier. Además actuaron a modo de Fiscales tres diputados miembros de la sala Acusadora y elegidos por sus pares. Estos son Jorge San Martino, Jorge Enriquez y Rubén Devoto^[58]. La defensa del suspendido Jefe de Gobierno se encontraba a cargo de Julio César Strassera, quien llegó a ser agredido por padres de las víctimas durante una inspección ocular del local incendiado^[59].

El 16 de febrero de 2006 el legislador Gerardo Romagnoli renunció a integrar la Sala Juzgadora porque, según sus declaraciones, el Juicio Político está distrayendo la posibilidad de conocer la verdad acerca de las responsabilidades políticas, y acusó a la Legislatura de autoexcluirse de ser investigada^[60].

La salida del legislador porteño iba a complicar las posibilidades de remover del cargo al suspendido Jefe de Gobierno Anibal Ibarra, ya que Romagnoli había expresado su intención de votar por la destitución. Por esta razón algunos diputados porteños y padres de las víctimas sospecharon de un cobro de soborno por parte del renunciante^[61], sospecha que no fue demostrada^[62]. Sin embargo, la Sala Juzgadora no aceptó la renuncia y Gerardo Romagnoli continuó en la Sala Juzgadora hasta la finalización del jucio^[63].

El 7 de marzo de 2006, finalizó el Juicio Político contra Anibal Ibarra. La Sala Juzgadora de la Legislatura lo destituyó de su cargo, pero no hubo consenso para inhabilitarlo por 10 años. La votación se produjo con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención; exactamente los dos tercios necesarios para la destitución^[64]. El cargo de Jefe de Gobierno fue ocupado en forma definitiva por Jorge Telerman^[65].

Votación[66]
Por la destitución	Por la absolución	Abstenciones
Daniel Amoroso (Juntos por Buenos Aires), Héctor Bidonde (Bloque del Sur), Roberto Destéfano (Frente Compromiso para el Cambio), Facundo Di Filippo (ARI), Silvia Majdalani (Juntos por Buenos Aires), Marcelo Meis (Recrear), Florencia Polimeni (Guardapolvos Blancos), Helio Rebot (Frente para la Victoria), Gerardo Romagnoli (Autodeterminación y Libertad), Guillermo Smith (ARI).	Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), Sebastián Gramajo (Frente para la Victoria), Norberto La Porta (Socialista), Laura Moresi (Frente Grande).	Elvio Vitali (Frente para la Victoria).

[editar] Notas

[editar] Véase también

• Aníbal Ibarra
• Omar Chabán
• Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
• Incendio del supermercado Ycuá Bolaños

[editar] Enlaces externos

• Asistencia a víctimas del 30/12, en el Portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Fotoreportaje, por el Diario Clarín.
• Listado de víctimas
• Video Documental presentando las diversas irregularidades produjeron la tragedia de Cromañón
• Texto completo del documento consensuado en el espacio de articulación de los diferentes grupos de padres, familiares, sobrevivientes, amigos y vecinos solidarios con las víctimas de Cromagnón

[editar] Organizaciones

• ONG-CER (Cambiar esta realidad)
• Que No Se Repita
• Los pibes de Cromañón Memoria y Justicia por Nuestros Pibes - Grupo de Familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón.
• Los pibes de Cromañon
• Justicia por la masacre de cromañón (familiares, sobrevivientes y amigos)